Bocealo

Olaya Dotel

Hace una semana el Presidente Dr. Leonel Fernández Reyna anunció que su gobierno se avocaría a cambiar el actual modelo económico, por un modelo basado en el fortalecimiento de los sectores productivos. Este planteamiento me ha generado una serie de interrogantes que me llevan a dudar de la veracidad de dicho anuncio.

Mermados los recursos de que disponen las presentes autoridades, debido entre otras cosas al despilfarro financiero producido durante la pasada campaña electoral por la presidencia de la República, así como por la crisis financiera internacional; al gobierno le quedan pocos recursos para neutralizar las protestas que proliferan por todo el territorio nacional.

A las protestas se han estado uniendo antiguos aliados del gobierno peledeista, al ver éstos disminuir sus beneficios como consecuencia de la reducción de la demanda, así como por la nueva crisis en el suministro de la energía eléctrica. Es ante las presiones generadas por estos sectores empresariales que el gobierno responde con el anuncio de un cambio del modelo económico.

El cambio de modelo implicaría la redefinición de las prioridades gubernamentales, como también de una profunda reestructuración de la inversión pública, para poder enfrentar las cuestiones reducen la competitividad de los sectores productivos, como son el alto costo de los combustibles y la energía eléctrica.

A lo anterior podemos agregar la impostergable necesidad de fortalecer la calidad de la educación, así como de la protección social basada la seguridad social, lo que implica la puesta en marcha de todos sus componentes como es el régimen contributivo subsidiado, y la ley de Salud, lo que a su vez repercutiría en la mejora de la salud pública y el incremento salarial del personal sanitario (médicos y enfermeras).

Pero sobre todo, el fortalecimiento de los sectores productivos requiere de un Estado eficiente y transparente que aumente las garantías y seguridades, imprescindibles para tener un buen clima de negocios. Para ello habría que aplicar la batería de leyes que tan diligentemente estas mismas autoridades propiciaron como es la ley 498-06 que crea el Sistema Nacional de Planificación e Inversión Pública y la ley 41-08 sobre la función pública.

La aplicación de las leyes anteriores reduciría de manera significativa males tales como el nepotismo, la desviación de fondos (desfalco), la obtención de jugosas comisiones a costa de los recursos públicos así como las nominillas, botellas y botellones.

Por tanto, si el Presidente de la República cumple con su palabra, tendríamos de frente el inicio de una revolución institucional sin presentes en la historia de la República Dominicana. Sólo nos queda sentarnos a esperar si este anuncio tendrá el mismo destino que las medidas de austeridad que el Presidente Leonel Fernández ha anunciado en otras ocasiones.