No lo calles, Vocealo!

Bajo la administración de Leonel Fernández, República Dominicana ha sido llevada a uno de los primeros lugares entre las naciones más corruptas, de 134 evaluadas por el Foro Económico Mundial. Ese deshonroso lugar es avalado, en el ámbito interno, por la opinión de más del 80% de nuestra ciudadanía que considera al gobierno como corrupto y como promotor de la impunidad hacia este flagelo que sesga de arriba abajo la administración pública.

Por su conducta frente a la corrupción, no por su discurso, el gobierno del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) y el Dr. Fernández se encamina a ocupar un lugar de principalía entre los más corruptos de nuestra historia. De hecho, ya para algunos es el más corrupto de la historia republicana.

Y ciertamente, hay razones suficientes para valorarlo como el más corrupto. Es que en el presente gobierno la corrupción ha alcanzado la condición de pandemia, con actos de corrupción por demás auspiciados desde las altas esferas del poder como correctamente indicará el Dr. Guillermo Moreno.

Para el Ejecutivo y el Ministerio Público, bajo su dirección, es el ciudadano o la ciudadana quien tiene que presentar las pruebas de las acusaciones de corrupción que se hacen contra los funcionarios del gobierno, sin importa cuan evidentes resultan ser los actos de corrupción cometidos ni los injustificables niveles de riquezas que exhiben muchos de los integrantes del aparato administrativo.

Y cuando la opinión pública lo coloca contra la pared, como ocurrió con los casos de Radhamés Segura, en la CEDEE y de Héctor Rodríguez Pimentel en el INDRHI, recurren al sofisma justificativo de “manipulación mediática” y “debilidades administrativas”, sin ni siguiera llegar a catalogar el robo como “indelicadezas”, tal y como hizo Joaquín Balaguer, modelo de gobernante del actual presidente dominicano.

Así, encubren el robo y el uso para beneficio particular de los bienes y recursos estatales. Contribuyen, a la vez, con promover el desorden moral e institucional que permea a la sociedad dominicana, para perjuicio de las actuales y futuras generaciones.

La corrupción pública exhibida por pasadas administraciones y apuntalada por el gobierno actual, además de lesionar la integridad moral del pueblo, obstaculiza su propio desarrollo y el bienestar material a que legítimamente éste tiene derecho a aspirar y a conquistar.

La sangría económica que provoca la corrupción en el Estado, que se traduce en la perdida de decenas de miles de millones de pesos cada año, es una de las múltiples razones que torna tan abultada la deuda social históricamente acumulada por el Estado nacional frente al pueblo dominicano, deuda social que es responsable de la espantosa condiciones de vida en que viven alrededor de 3 millones de dominicanos y dominicanas victimas del hambre y la pobreza.

Tanto el incremento en los niveles de corrupción como en la deuda social acumulada por el Estado, se agravan por la débil voluntad política de las elites dominantes para enfrentarlas. La sociedad demanda NO de más leyes para penalizar la corrupción, sino de voluntad y determinación oficial para perseguir y condenar a los corruptos del ámbito público sin importar su jerarquía en el gobierno ni en el partido oficial.

Dada la grave situación que se registra en el orden moral e institucional en República Dominicana, los y las firmantes, dominicanos y dominicanas en Estados Unidos asociados al proyecto Alianza País, reiteramos nuestra condena a la corrupción pública y al largo manto de impunidad que para cubrirla se ha lanzado desde el Poder Ejecutivo. Para nosotros, la lucha contra la corrupción para ser efectiva tiene que ser acompañada con la más enérgica condena a la impunidad.

Por ultimo, nos alienta la esperanza, aún en medio de la desidia oficial frente al cáncer social de la corrupción, de que el rumbo de nuestra Nación será reencausado por nuevas y activas fuerzas sociales, lo que ha de pasar por el establecimiento de un gobierno decente y por el diseño y aplicación de políticas públicas y programas que tengan como centro el bienestar de la población y el desarrollo nacional.