Bocealo

Carmela Félix nació en República Dominicana en 1934. Sus padres habían llegados en 1930. A sus 75 años de edad no dispone del acta de nacimiento ni de documento alguno que reconozca su nacionalidad, sólo por haber sido hija de una pareja haitiana indocumentada.

Este caso de negación de nacionalidad fue uno de los múltiples presentados en el hemiciclo donde sesiona la Asamblea Nacional Revisora del actual texto constitucional, al momento en que se discutía la concepción sobre la nacionalidad y cuando el congresista Frank Martínez, de la Romana, reclamaba de una amnistía para los/as indocumentados.

La tragedia jurídica que ha vivido Doña Carmela Félix no fue razón suficiente para amnistiar a los/as indocumentados y mucho menos para impedir la asunción de una noción de nacionalidad que no reconoce tal derecho a partir del lugar de nacimiento cuando se es hijo/a de indocumentados, dejando en un limbo jurídico a miles de dominico-haitianos que no conocen otro país que no sea República Dominicana.

Esta visión de nacionalidad que se impondrá en el nuevo texto constitucional, claramente discriminatoria y excluyente hacia los dominicanos descendientes de haitianos/as y hacia la comunidad haitiana inmigrante en nuestro país, aunque parezca extraño le hubiera negado la nacionalidad al Dr. Jose Francisco Pena Gómez si estuviera vivo, el mas grande líder popular de nuestra historia.

Al igual que Doña Carmela, el Dr. Peña Gómez, dominicano como el que más, era hijo de un matrimonio haitiano indocumentado que juntos a decenas e miles de haitianos de distintas edades fueron perseguidos, acosados y asesinados por la cruel dictadura de Rafael Trujillo durante la fatídica operación El Corte de 1937.

Al criminalizar constitucionalmente al inmigrante indocumentado y sus descendientes, quienes integran la Asamblea Revisora Dominicana asumen un valor esencial del pensamiento político más conservador en el ámbito mundial. Se inscriben dentro de la corriente que adjudica al inmigrante responsabilidad en las crisis económicas, en la descomposición ética y moral que registran sus sociedades y lo asume como un peligro a su imaginaria cultura pura, expresando así un desfasado chovinismo nacional que no reconoce el valor y la riqueza de la diversidad étnica, racial y nacional en un mundo cada vez mas integrado.

La infame reforma constitucional que se apresta a sancionar y proclamar el actual Congreso, aun en contra del criterio de la mayoría ciudadana, queda inscrita en la concepción migratoria del sector mas extremista del partido republicano en EE.UU. y de los conservadores italianos, los cuales se afanan en criminalizar la migración indocumentada, asociar la seguridad interna a mas y mayores restricciones migratorias y negarle la ciudadanía a los/as hijos/as de indocumentados.

No solo en el ámbito de la nacionalidad se envía una señal claramente conservadora en la reforma actual, sino también al restringirle a la mujer derechos humanos y reproductivos; al limitar los intereses y los derechos de la población al disfrute de playas y ríos, como al restringir el derecho ciudadano de poder demandar el carácter inconstitucional de una ley, decreto o reglamento que entienda impacte negativamente sus derechos como ciudadano de la Nación.

Esa Constitución que cocinan los/as congresistas con la bendición de Leonel Fernández, Miguel Vargas Maldonado, actual líder del PRD, y el Cardenal López Rodríguez, Príncipe de la Iglesia Católica, no es la Constitución que necesita y merece el pueblo dominicano, por eso está más que justificada la acción de rebeldía y repulsa de la ciudadanía ante un texto constitucional al servicio de los partidos y de las elites religiosas y económicas.