No lo calles, Vocealo!

Por Olaya Dotel

Es un discurso generalizado entre líderes políticos y funcionarios públicos, la necesidad de incurrir en prácticas clientelares para la obtención y mantenimiento del poder político.

Líderes y funcionarios argumentan la sistemática presión de que son objeto, para otorgar favores, los cuales van desde entrega de dineros, financiamiento de servicios públicos (pago de recetas, entierros, etc), dar servicios públicos (operativos médicos, de limpieza, becas, entre otros) y empleos.

Los legisladores han institucionalizado la utilización de recursos públicos para responder a la supuesta demanda de favores que reciben del territorio. Para tales fines han creado un fondo social o barrilito, a través del cual financian fundaciones que, en el mejor de los casos, entregan servicios que deben ser dados a través de las sectoriales.

Lo cierto es que funcionarios y líderes políticos han instalado una oferta clientelar, que ha permeado la cultura política dominicana. Dicha cultura ha encarecido los procesos electorales, así como ha impedido que los recursos públicos sean utilizados para resolver los históricos problemas que atormentan a la sociedad dominicana, tales como la provisión de energía eléctrica, agua potable, vivienda, educación y salud de calidad, entre otros.

Afirmar que los legisladores hacen labor de representación cuando entregan prebendas para la obtención de votos con los recursos públicos es un acto de cinismo. Lo que sí ha ocurrido es que el “trabajo social” que realizan los congresistas, no sólo no contribuye a la labor de representación, sino que sustituye a la de fiscalización por la de implementación.

Una de las principales funciones del Congreso Nacional es fiscalizar la inversión pública, tanto en términos nacionales como locales. Por tanto, los congresistas tendrían que usar una parte importante de su tiempo y recursos en dar seguimiento a la ejecución presupuestaria desde las diversas instituciones públicas que intervienen en los territorios.

Los congresistas deben saber qué porcentaje del presupuesto está destinado a sus localidades y para qué obras. Esto les permitirá dar seguimiento y presionar por la solución de los graves problemas que hoy afectan a las comunidades dominicanas.

Por tanto, los congresistas al dejar de cumplir con sus funciones en la búsqueda de su propio beneficio incurren en lo que la teoría de la corrupción define como desviación de funciones. Eso es corrupción.

El barrilito es un acto de corrupción y un acto de cinismo, no sólo no reconocerlo, sino también defenderlo. Lo lamentable es que los legisladores no expresen la misma vehemencia en la defensa del presupuesto para educación o para la seguridad social.

Fuente: Clave Digital